El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que declarará un estado de emergencia económica, social y ecológica para atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente del país el lunes 10 de agosto. La medida busca dar al Gobierno herramientas extraordinarias para financiar la atención de la población afectada y la reconstrucción de las zonas con mayores daños.
Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles 12 de agosto en Bogotá, el mandatario informó que el sismo había dejado, hasta ese momento, 265 personas fallecidas, 496 desaparecidas, 3 mil 494 heridos y 25 mil 872 familias afectadas. Las cifras representan una actualización frente a los balances preliminares difundidos en las primeras horas posteriores al movimiento telúrico.
De la Espriella planteó que la emergencia contemple acciones para reactivar la economía en los territorios dañados, especialmente en el occidente colombiano. Entre las medidas mencionadas se encuentran apoyos para el pago de servicios públicos, subsidios de renta para familias damnificadas, alivios tributarios y financieros, respaldos para comerciantes y transferencias a hogares en situación de mayor vulnerabilidad.
El presidente también propuso la creación de un mecanismo denominado Fondo Milagro, que, según explicó, tendría la función de concentrar y canalizar los recursos destinados a la respuesta y recuperación. La propuesta contempla tanto aportaciones nacionales como apoyos procedentes del exterior, aunque los detalles operativos, el monto disponible y las reglas de asignación no fueron precisados en el anuncio.
Un anuncio que requiere formalización jurídica
El anuncio presidencial no equivale por sí solo a la entrada en vigor de las facultades extraordinarias. Para que el estado de emergencia económica tenga efectos legales en Colombia, debe formalizarse mediante un decreto firmado por el presidente y todos los ministros, conforme al artículo 215 de la Constitución colombiana.
Ese artículo permite declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica cuando ocurran hechos que alteren o amenacen de forma grave el orden económico, social o ecológico, o que constituyan una calamidad pública. La declaratoria puede emitirse por periodos de hasta 30 días y no puede superar 90 días acumulados durante un mismo año calendario.
La figura autoriza al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley relacionados directamente con la crisis, pero sus decisiones están sujetas a límites constitucionales. La Corte Constitucional debe revisar los decretos legislativos que se emitan durante la emergencia, mientras que el Congreso puede examinar las causas de la declaratoria y las medidas adoptadas.
Por ello, el alcance concreto de la respuesta dependerá del decreto que eventualmente expida el Gobierno y de las disposiciones posteriores que definan presupuestos, programas de vivienda, apoyos económicos, contratación pública y mecanismos de supervisión para la reconstrucción.
Rescate y atención humanitaria continúan
La emergencia económica fue anunciada mientras seguían las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. De acuerdo con Associated Press, los trabajos se concentraban en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde equipos de emergencia, voluntarios y autoridades continuaban removiendo escombros para localizar a personas atrapadas.
La agencia informó que en Pereira fue rescatada con vida una mujer de 32 años que permaneció atrapada durante 36 horas bajo los restos de un edificio colapsado. Sin embargo, el paso del tiempo reducía las posibilidades de encontrar sobrevivientes, en un contexto en el que las primeras 48 a 72 horas posteriores a un desastre de este tipo son consideradas decisivas para las operaciones de rescate.
Además de los daños en viviendas y edificios, el terremoto provocó afectaciones a carreteras y dejó a numerosas familias sin posibilidad de regresar a sus hogares. En algunas localidades, espacios públicos, escuelas e instalaciones deportivas fueron habilitados como albergues temporales para personas desplazadas o cuyas viviendas presentan daños estructurales.
Associated Press reportó también la llegada de ayuda internacional. México envió dos aeronaves militares con 19.5 toneladas de alimentos no perecederos y personal de seguridad a Pereira, además de prever más envíos de ayuda. Estados Unidos ofreció asistencia humanitaria y equipos de respuesta, mientras otros gobiernos y organizaciones anunciaron apoyos para las comunidades afectadas.
El antecedente del terremoto de 1999
La declaratoria anunciada por De la Espriella tiene un antecedente relevante en Colombia. Tras el terremoto que afectó el Eje Cafetero en 1999, el entonces presidente Andrés Pastrana recurrió a un estado de emergencia para atender la catástrofe y estableció el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, conocido como FOREC.
Según EL PAÍS, ese mecanismo intervino, reparó o construyó más de 136 mil viviendas y reubicó a 10 mil familias afectadas por aquel desastre. La referencia ilustra la escala institucional y financiera que puede alcanzar una declaratoria de emergencia tras un sismo, aunque las condiciones actuales, el daño confirmado y las medidas que adopte el nuevo Gobierno todavía deberán definirse en instrumentos oficiales.
La prioridad inmediata permanece en las tareas de búsqueda, atención médica, alojamiento temporal y restablecimiento de servicios esenciales. En paralelo, la eventual emergencia económica será determinante para conocer cómo se financiarán la recuperación de infraestructura, los apoyos a las familias y la reactivación de las actividades económicas en los territorios golpeados por el terremoto.
Fuentes consultadas
- EL PAÍS
- Associated Press
- Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia: Constitución Política, artículo 215
Imagen ilustrativa. Foto de Juan Moccagatta en Pexels.