El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) con el propósito de agilizar la atención de los casos de despojo de inmuebles y evitar que las personas afectadas permanezcan sin acceso a sus propiedades mientras se desarrolla una investigación.
La propuesta fue presentada el 23 de septiembre por la diputada de Morena, Valentina Valia Batres Guadarrama, quien planteó reformar los artículos 131 y 215 del CNPP. De acuerdo con el comunicado oficial del Congreso capitalino, el objetivo es fortalecer las acciones institucionales de investigación y atención a víctimas de este delito.
La iniciativa no ha sido aprobada. La Mesa Directiva del Congreso local la turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y eventual dictaminación. Si obtiene el respaldo de esa comisión y posteriormente del pleno capitalino, tendría que remitirse al Congreso de la Unión, debido a que el Código Nacional de Procedimientos Penales es una norma de aplicación federal y local en todo el país.
La propuesta busca reducir demoras durante la investigación
Según la exposición difundida por el Congreso de la Ciudad de México, la reforma pretende que el Ministerio Público investigue sin dilación la situación jurídica y material de los inmuebles vinculados con denuncias por despojo. También plantea que autoridades registrales, catastrales y notariales atiendan de manera prioritaria los requerimientos emitidos durante esas indagatorias.
La legisladora sostuvo que la denuncia penal no resuelve por sí misma la afectación de quien ha sido privado del uso de una vivienda, terreno o local. En estos procedimientos pueden intervenir fiscalías, policías de investigación, peritos y autoridades encargadas de registros de propiedad, por lo que la revisión de documentos, antecedentes y posesión material puede prolongarse.
El planteamiento contempla que, una vez realizadas las diligencias necesarias, el Ministerio Público revise si continúan las razones para mantener asegurado un inmueble. Cuando legalmente proceda una devolución, deberá valorar los hechos denunciados, las circunstancias de las personas involucradas y la situación existente antes del posible delito.
La iniciativa, de acuerdo con la explicación de Batres Guadarrama, no establece una restitución automática. La diputada precisó que cada asunto tendría que investigarse para determinar la situación jurídica y material del bien, así como los derechos que pudieran corresponder a otras personas.
Restitución no equivale a resolver la propiedad ni la responsabilidad penal
Uno de los puntos centrales expuestos en tribuna es que la eventual devolución de un inmueble durante una investigación no definiría, por sí sola, quién es propietario del bien ni implicaría que la persona investigada sea culpable o inocente. Esas cuestiones deben resolverse mediante los procedimientos legales correspondientes y con respeto al debido proceso.
El CNPP vigente establece que sus disposiciones son de observancia general en México para la investigación, procesamiento y sanción de delitos de competencia federal y local. Entre sus objetivos se encuentran esclarecer los hechos, proteger a las personas inocentes, procurar que los responsables no queden impunes y buscar la reparación del daño.
El artículo 131 del ordenamiento enumera obligaciones del Ministerio Público durante la investigación, incluida la vigilancia del respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. El Código también regula el aseguramiento de bienes relacionados con una investigación, una medida dirigida a impedir que posibles evidencias sean alteradas, destruidas o desaparezcan.
Por ello, cualquier modificación tendría que buscar un equilibrio entre la atención oportuna a las víctimas y la preservación de elementos que puedan ser relevantes para la investigación y para los derechos de las partes involucradas.
Antecedentes de cambios locales contra el despojo
La propuesta presentada esta semana se suma a reformas aprobadas por el Congreso capitalino en noviembre de 2025 para endurecer las sanciones por despojo en la Ciudad de México y ampliar las conductas consideradas para ese delito. Entre los cambios locales se incluyeron la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad como posibles mecanismos de comisión.
En ese paquete legislativo, el Congreso informó que la pena prevista para quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia física o moral pasó de un rango de cinco a 10 años a uno de seis a 11 años de prisión. También se establecieron agravantes cuando las víctimas son personas mayores, con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas.
Durante aquella discusión, legisladores citaron cifras sobre miles de carpetas de investigación abiertas en años recientes y señalaron que el fenómeno afecta de forma particular a personas y familias que enfrentan dificultades para acreditar o defender la posesión de sus bienes. Esos datos fueron expresados durante el debate legislativo y no sustituyen las determinaciones que correspondan a fiscalías y tribunales en cada caso.
La iniciativa de Valentina Valia Batres se concentra ahora en la etapa procesal: busca que, cuando haya elementos suficientes, las autoridades revisen con mayor rapidez la permanencia del aseguramiento y la posibilidad legal de restituir el uso del inmueble. Su alcance definitivo dependerá del texto que eventualmente dictamine la comisión legislativa, de la votación del Congreso de la Ciudad de México y, en su caso, del trámite federal posterior.
Fuentes consultadas
- Congreso de la Ciudad de México: Buscan agilizar la devolución de inmuebles a víctimas de despojo
- Cámara de Diputados: Código Nacional de Procedimientos Penales
- Congreso de la Ciudad de México: Incrementan penas al delito de despojo
Imagen ilustrativa. Foto de Heber Vazquez en Pexels.