El Congreso de la Ciudad de México recibió dos iniciativas relacionadas con la regulación de la muerte digna: una plantea expedir una ley local sobre el tema y la otra propone modificar la Ley General de Salud para retirar la prohibición de la eutanasia y crear un marco de asistencia médica para morir.
Las propuestas fueron presentadas el jueves 3 de septiembre por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Jannete Elizabeth Guerrero Maya, durante una sesión ordinaria del Legislativo capitalino. De acuerdo con el registro público de iniciativas del Congreso, se trata de dos proyectos distintos: uno denominado Ley de Muerte Digna de la Ciudad de México y otro dirigido al Senado de la República para reformar disposiciones federales en materia de salud.
La Mesa Directiva informó que ambos asuntos fueron turnados a las Comisiones Unidas de Salud y de Derechos Humanos del Congreso capitalino, donde deberán ser analizados y, en su caso, dictaminados. La presentación de una iniciativa no significa su aprobación ni modifica por sí misma las reglas vigentes.
Una iniciativa local y otra de alcance federal
La propuesta local busca crear una Ley de Muerte Digna de la Ciudad de México. Según la comunicación oficial del Congreso, el proyecto contempla fortalecer los cuidados paliativos y el tratamiento integral del dolor; reconocer la voluntad anticipada; evitar la obstinación terapéutica —la prolongación de tratamientos sin un beneficio proporcional para la persona paciente—, y garantizar acompañamiento psicológico, social y tanatológico.
Además, la iniciativa plantea reconocer dos modalidades bajo requisitos que la legisladora calificó como estrictos: la eutanasia y la asistencia médica para morir. Aunque ambos conceptos suelen abordarse conjuntamente en el debate público, no son idénticos. La eutanasia implica que personal médico administre directamente los medicamentos para provocar la muerte a petición expresa de la persona; en la asistencia médica para morir, el paciente es quien se administra el medicamento prescrito o suministrado. Esta distinción fue reportada por Excélsior al dar cuenta de la propuesta presentada ante el pleno.
El segundo proyecto se dirige al Congreso de la Unión porque busca reformar una legislación federal. El registro legislativo del Congreso capitalino señala que la iniciativa plantea derogar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud y añadir un Título Octavo Ter, denominado “De la asistencia médica para una muerte digna”, integrado por nuevos artículos.
La comunicación del Congreso local precisa que la propuesta federal busca definir la eutanasia y la asistencia médica para morir, establecer condiciones para realizar los procedimientos, reconocer la objeción de conciencia individual del personal de salud y encargar a la Secretaría de Salud la elaboración de protocolos clínicos, evaluaciones y mecanismos de revisión previa.
Al tratarse de una modificación a la Ley General de Salud, el Congreso de la Ciudad de México no puede aprobarla de manera definitiva. Si el pleno capitalino avala la iniciativa, ésta tendría que remitirse al Senado de la República para continuar el procedimiento parlamentario federal.
El debate se reaviva tras movilizaciones ciudadanas
La presentación de las iniciativas ocurre después de movilizaciones y acciones públicas de colectivos que buscan abrir una discusión legislativa sobre la eutanasia y la asistencia médica para morir. La diputada Guerrero Maya citó desde tribuna la llamada Ley Trascender, impulsada por Samara Martínez, así como la participación de organizaciones agrupadas en la causa Libertad para Morir.
El 1 de septiembre, La Jornada reportó que activistas de las coaliciones Muerte Digna ¡Ya! y Práctica: Laboratorio para la Democracia buscaban que el Congreso local discutiera reformas a la legislación de salud, al Código Penal y a la Constitución de la Ciudad de México. Los promotores plantearon la creación de un sistema de final de vida que permita dar seguimiento a las voluntades anticipadas dentro de los servicios de salud.
En ese contexto, la legisladora del PT sostuvo que la discusión ya se encuentra en hospitales, familias y espacios públicos de la capital. También mencionó que 86 por ciento de las personas en la Ciudad de México estaría a favor de legalizar la eutanasia, con base en una encuesta de opinión referida por la jefa de Gobierno. Sin embargo, en la información pública consultada no se detalla la metodología, el tamaño de muestra ni la fecha de levantamiento de ese ejercicio, por lo que el dato debe entenderse como una cifra citada durante el debate legislativo.
Cuidados paliativos, voluntad anticipada y salvaguardas
La iniciativa local plantea que el Estado mantenga obligaciones de cuidado, alivio del dolor y acceso a cuidados paliativos. Éstos consisten en atención especializada para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves, mediante el control de síntomas físicos y el acompañamiento emocional y social, sin que su objetivo sea acelerar o posponer la muerte.
La diputada Guerrero Maya afirmó que su propuesta no pretende imponer una decisión sobre el final de la vida, sino establecer una opción regulada para personas que cumplan las condiciones previstas. De acuerdo con la cobertura de Excélsior, la propuesta local considera a personas adultas con capacidad para tomar decisiones, que realicen una solicitud personal, expresa, consciente, informada, inequívoca y reiterada, y que enfrenten una enfermedad grave e incurable o una condición crónica e incapacitante que genere sufrimiento.
El mismo medio informó que el proyecto prevé un Comité de Evaluación de la Asistencia Médica para una Muerte Digna, con carácter multidisciplinario, para revisar controversias, discrepancias o negativas y dar seguimiento a los procedimientos. También reportó que la objeción de conciencia sería individual para el personal de salud y no institucional; no obstante, el texto completo de las iniciativas no estaba disponible como archivo descargable en el portal de consulta ciudadana del Congreso al momento de la revisión.
Por ello, los detalles sobre requisitos, procedimientos, plazos, mecanismos de supervisión y responsabilidades deberán conocerse con mayor precisión cuando las comisiones legislativas publiquen los documentos íntegros o un eventual dictamen. El análisis parlamentario también tendrá que considerar la relación entre una eventual ley local y las disposiciones federales aplicables.
La discusión abre un nuevo capítulo en un tema que combina autonomía personal, derechos humanos, atención médica, ética profesional y obligaciones institucionales. Por ahora, las iniciativas se encuentran en una etapa inicial dentro del Congreso capitalino y no han sido sometidas a votación del pleno.
Fuentes consultadas
- Congreso de la Ciudad de México
- Portal de iniciativas del Congreso de la Ciudad de México
- La Jornada
- Excélsior
Imagen ilustrativa. Foto de Israel Torres en Pexels.