El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, permitió de manera temporal que continúe la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, al suspender una orden judicial que habría obligado a detener parte de las obras a la medianoche del viernes 21 de agosto.
La medida no resuelve el fondo del litigio sobre la legalidad del proyecto. Se trata de una suspensión administrativa mientras la Corte Suprema analiza la petición de emergencia presentada por el gobierno federal para dejar sin efecto, durante la apelación, la orden que impedía continuar con la construcción visible sobre el terreno.
La decisión fue reportada originalmente por CNN y confirmada por medios como The Associated Press y CBS News. Roberts, quien atiende los asuntos de emergencia procedentes del circuito federal de Washington, firmó una orden breve que mantiene congelada la medida cautelar de un tribunal inferior hasta que él mismo o la Corte Suprema emitan una nueva determinación.
Qué resolvió la Corte Suprema
La suspensión dictada el 21 de agosto permite que los trabajos continúen por ahora, pero no representa una autorización definitiva para concluir el proyecto ni una sentencia sobre si la administración de Donald Trump cuenta con facultades legales para realizarlo sin una autorización expresa del Congreso.
El caso ante la Corte Suprema está identificado como National Park Service et al. v. National Trust for Historic Preservation in the United States, expediente 26A203. El gobierno federal solicitó la intervención del máximo tribunal después de que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia mantuvo una orden que limitaba la construcción sobre nivel de suelo.
Según la solicitud presentada por el procurador general de Estados Unidos en nombre del Servicio de Parques Nacionales y otras autoridades, la administración sostiene que el proyecto forma parte de un complejo integrado para la seguridad de la Casa Blanca. En ese escrito, el gobierno argumentó que la obra incluye instalaciones de seguridad y un espacio para eventos que considera necesarios para proteger a funcionarios, visitantes y dignatarios extranjeros.
La orden judicial previa no impedía todas las actividades en el predio. Permitía trabajos estrictamente necesarios para la seguridad, la integridad estructural y la protección del sitio de construcción subterráneo, como medidas de impermeabilización, manejo de agua y refuerzo de estructuras. Lo que quedaba restringido era el avance de la parte elevada del salón de baile mientras continuaba la disputa legal.
El desacuerdo por la autorización del Congreso
La organización National Trust for Historic Preservation promovió la demanda al cuestionar la facultad del Poder Ejecutivo para levantar la nueva estructura en terrenos federales sin una autorización específica del Congreso. La agrupación sostiene que las obras pueden provocar daños irreversibles al valor histórico, arquitectónico y visual del complejo presidencial.
En su respuesta ante la Corte Suprema, el National Trust señaló que el litigio no se centra en si un salón de baile sería conveniente como política pública, sino en qué poder del gobierno puede autorizar una construcción de esa escala en propiedad federal. También sostuvo que permitir que la obra avance antes de una resolución definitiva podría volver irreparable cualquier afectación al inmueble y su entorno histórico.
Por el contrario, el gobierno federal calificó la orden inferior como indebida y alegó que una demora en el proyecto afectaría necesidades de seguridad nacional. En sus documentos judiciales, la administración afirma que la futura instalación permitirá realizar reuniones oficiales y eventos con mayores condiciones de seguridad dentro del complejo de la Casa Blanca.
La resolución provisional de Roberts no adopta expresamente ninguna de esas posiciones. Su efecto inmediato es preservar el estado de las obras mientras los ministros consideran si conceden una suspensión más amplia durante el proceso de apelación.
Un proyecto con cifras distintas en documentos públicos
La Casa Blanca anunció el proyecto el 31 de julio de 2025. En ese comunicado indicó que el salón tendría aproximadamente 90 mil pies cuadrados, capacidad sentada para 650 personas y sustituiría al East Wing, un sector construido en 1902 y modificado en distintas etapas posteriores.
En aquel anuncio, la Casa Blanca calculó el costo en alrededor de 200 millones de dólares y afirmó que sería financiado con aportaciones de Trump y otros donantes. Una página institucional posterior de la presidencia menciona, en cambio, un proyecto de 250 millones de dólares. The Associated Press reportó el 21 de agosto que la obra ha sido descrita como un proyecto de 400 millones de dólares.
Estas diferencias muestran que el monto total divulgado públicamente ha cambiado con el tiempo. Hasta ahora, los documentos revisados no permiten establecer con claridad si las cifras corresponden a distintas fases, a modificaciones del diseño o a estimaciones actualizadas. Por ello, el costo final del proyecto no puede considerarse definido únicamente con la información pública disponible.
La Casa Blanca ha defendido la obra como una ampliación para atender eventos de gran formato. De acuerdo con su descripción, el nuevo salón permitiría albergar ceremonias y recepciones que actualmente requieren instalaciones temporales en los jardines o el uso de espacios externos.
Qué sigue en el proceso
La Corte Suprema puede mantener la suspensión, modificarla o permitir que vuelva a entrar en vigor la restricción ordenada por los tribunales inferiores. También deberá valorar los argumentos sobre la legitimación del National Trust para demandar, la autoridad del Ejecutivo sobre el complejo presidencial y el alcance de las normas federales aplicables a la construcción en terrenos públicos de Washington.
Por ahora, la orden de Roberts evita que la construcción sobre nivel de suelo quede detenida por mandato judicial. Sin embargo, la disputa sigue abierta y la decisión final sobre la continuidad legal del proyecto aún no ha sido emitida.
Fuentes consultadas
- CNN, reproducido por KESQ
- Corte Suprema de Estados Unidos, expediente 26A203
- Solicitud del gobierno federal ante la Corte Suprema
- Casa Blanca, anuncio del proyecto de salón de baile
- The Associated Press
Imagen ilustrativa. Foto de Jan van der Wolf en Pexels.