Fuerzas federales y estatales detuvieron en el municipio de Concordia, Sinaloa, a Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y Milton Yair “N”, señalados por autoridades como presuntos participantes en la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores de la empresa Minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrida el 23 de enero de 2026.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que las capturas fueron resultado de labores de inteligencia militar, reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad y retomada por La Jornada, los detenidos son identificados por las autoridades como integrantes de “Los Menores”, una célula presuntamente vinculada con la facción conocida como Los Chapitos. La misma versión oficial los ubica bajo el mando regional de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”. Estas imputaciones forman parte de las líneas de investigación y deberán ser acreditadas por la Fiscalía General de la República (FGR) durante el proceso correspondiente.
Armas, municiones y equipo táctico asegurados
Durante el operativo, a los dos hombres les fueron aseguradas dos armas largas, un aditamento lanzagranadas calibre 40 milímetros, cargadores, municiones de diversos calibres, presunta droga y equipo táctico, según el reporte de Defensa citado por La Jornada y N+.
Tras la detención, los dos investigados y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la FGR en Culiacán. Corresponderá al Ministerio Público Federal integrar la carpeta de investigación, determinar los delitos que podrían imputarse y definir la situación jurídica de los detenidos. Hasta ahora, las autoridades no han difundido información sobre una audiencia inicial, una vinculación a proceso o sentencias relacionadas con este caso.
La captura fue dada a conocer el 8 de septiembre, casi ocho meses después de la desaparición de los empleados de la minera. El caso cobró relevancia nacional por la dimensión del ataque y por ocurrir en una zona del sur de Sinaloa donde convergen actividades mineras y una persistente disputa de grupos criminales por el control territorial.
El caso de los trabajadores desaparecidos
Los 10 trabajadores fueron privados de la libertad el 23 de enero en Concordia, de acuerdo con los reportes oficiales sobre los que se basan las detenciones. La empresa relacionada con el caso es Minera Canam/Vizsla Silver Corp., vinculada con la compañía canadiense Vizsla Silver, que mantiene operaciones y proyectos mineros en Sinaloa.
El País documentó que, tras la desaparición, autoridades localizaron el 5 de febrero una zona con fosas clandestinas en el poblado de El Verde, aproximadamente a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Concordia. Conforme avanzaron las diligencias, fueron ubicadas varias fosas y al menos 14 cuerpos enterrados.
Según esa publicación, nueve de los cuerpos fueron identificados como trabajadores de la empresa minera. Esta precisión es relevante porque, aunque el expediente de las autoridades se refiere a la privación de la libertad de 10 empleados, la información pública disponible consultada no detalla en el anuncio de esta detención la identificación oficial del décimo trabajador ni el estado actualizado de todas las víctimas. Por ello, no es posible afirmar con la información revisada que los 10 hayan sido identificados formalmente entre los restos localizados.
La diferencia entre el número de trabajadores desaparecidos y el de víctimas identificadas en los reportes periodísticos conocidos subraya que la investigación continúa abierta. También queda pendiente establecer de manera judicial el grado de participación que habrían tenido Ángel Gabriel “N” y Milton Yair “N” en los hechos, así como la posible intervención de otras personas.
Una investigación con detenciones previas
La aprehensión de los dos hombres no es la primera relacionada con el caso. El País reportó que en junio fue detenido Gabriel Nicolás Martínez Larios, identificado por autoridades como “El Gabito” o “El 80”, a quien se vinculó con la desaparición de los trabajadores y con operaciones criminales en el sur de Sinaloa.
Sin embargo, la existencia de detenciones no equivale a una resolución definitiva de responsabilidad penal. En el sistema de justicia mexicano, las personas detenidas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme. La FGR deberá presentar los elementos de prueba necesarios ante un juez para sustentar cualquier acusación.
La información oficial difundida sobre Ángel Gabriel “N” y Milton Yair “N” atribuye a ambos una relación con la privación ilegal de la libertad de los trabajadores y una presunta pertenencia a una célula delictiva. No obstante, las autoridades no han hecho públicos detalles sobre la mecánica del secuestro, la posible participación específica de cada detenido, los móviles del ataque ni si se cuenta con órdenes de aprehensión adicionales.
Qué sigue en el caso
La puesta a disposición ante la FGR abre una nueva etapa ministerial para revisar el material asegurado, contrastar datos de inteligencia con otros elementos de prueba y deslindar responsabilidades. Las autoridades también tendrán que informar, conforme avancen las investigaciones, si las capturas derivan en imputaciones directas por la desaparición de los mineros o por delitos relacionados con la posesión de armas, municiones y sustancias aseguradas.
Para las familias de las víctimas, el caso mantiene pendientes centrales: el esclarecimiento completo de los hechos, la identificación de todas las personas afectadas y el acceso a justicia. Las detenciones anunciadas representan un avance procesal reportado por las autoridades, pero no cierran por sí mismas una investigación marcada por la desaparición de 10 trabajadores y el hallazgo posterior de cuerpos en fosas clandestinas en Concordia.
Fuentes consultadas
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