La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que, dentro de sus investigaciones por despojo de inmuebles y predios, ha identificado la presunta participación de La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, indicó que los casos son revisados por una unidad especializada que busca detectar patrones de operación, en lugar de analizar cada expediente de forma aislada.
La información fue dada a conocer el lunes 25 de agosto de 2026. De acuerdo con lo reportado por El Universal, Alcalde Luján señaló que las indagatorias contemplan la actuación de distintas organizaciones y células vinculadas con este tipo de hechos. También afirmó que la Fiscalía ha identificado organizaciones sociales involucradas en algunos casos, aunque no dio a conocer nombres ni detalles específicos sobre expedientes, personas imputadas o inmuebles relacionados.
La declaración de la fiscal constituye una referencia a líneas de investigación y no equivale, por sí misma, a una determinación judicial de responsabilidad contra integrantes de los grupos mencionados. La acreditación de delitos y responsabilidades individuales corresponde a las autoridades ministeriales y, en su caso, a los tribunales durante los procesos legales respectivos.
Una revisión enfocada en patrones de operación
Según la información publicada por El Universal, la unidad especializada de la FGJCDMX analiza los modus operandi detectados en las denuncias por despojo. El objetivo es ubicar coincidencias entre casos, tales como formas de ocupación, uso de documentación irregular, amenazas o mecanismos para desplazar a poseedores de inmuebles.
La fiscal precisó que se trata de un patrón observado en algunos expedientes, particularmente en casos de años anteriores. Sin embargo, la información disponible no detalla cuántas carpetas de investigación están relacionadas con cada grupo, cuántas personas han sido judicializadas ni en qué alcaldías se concentran las indagatorias referidas el 25 de agosto.
El despojo es un delito que afecta la posesión de una vivienda, local, terreno u otro inmueble. Puede ocurrir mediante ocupación sin derecho, engaños, violencia, amenazas o alteración de documentos, entre otras conductas que deben ser investigadas conforme a las circunstancias de cada caso. Por ello, las autoridades han planteado que la respuesta requiere coordinación entre policía, Ministerio Público y áreas de atención jurídica.
La SSC había mencionado cinco organizaciones en agosto
El señalamiento de la Fiscalía coincide parcialmente con información difundida el 6 de agosto por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. De acuerdo con La Jornada y N+, el funcionario dijo que las autoridades capitalinas tenían identificadas al menos cinco organizaciones criminales vinculadas con despojos de inmuebles y predios, además de actividades como narcomenudeo, extorsión y cobro de piso.
En esa ocasión, Vázquez Camacho mencionó a Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac, La Unión Tepito, la Anti-Unión y Los Malcriados 3AD. La lista difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es más amplia que la referencia hecha este lunes por la fiscal, quien citó de manera expresa a tres agrupaciones y añadió que existen organizaciones sociales identificadas en las investigaciones.
La diferencia entre ambas declaraciones no necesariamente implica una contradicción: la SSC describió un universo de cinco grupos que, según sus datos, estaban relacionados con el fenómeno, mientras que la FGJCDMX se refirió a organizaciones presentes en las investigaciones que revisa su unidad especializada. Ninguna de las dos exposiciones públicas detalló la totalidad de los expedientes, la evidencia reunida ni la situación procesal de posibles involucrados.
Detenciones y respuesta ante denuncias
Durante la presentación de la estrategia contra el despojo, autoridades capitalinas reportaron que en la actual administración se habían detenido a 46 personas por este delito. Esa cifra se refiere a detenciones por despojo y no permite atribuir automáticamente todos los casos a las organizaciones mencionadas por la SSC o la Fiscalía.
Las autoridades también anunciaron un protocolo de atención para reportes realizados mediante el número de emergencias 911. Según lo informado por La Jornada, la policía de cuadrante debe acudir de manera inmediata a las denuncias, con una meta de respuesta menor a tres minutos. N+ reportó además que, cuando no exista flagrancia en el sitio, se prevé la intervención de una unidad especializada conformada por personal de la Secretaría de Gobierno y de la Policía capitalina.
Las recomendaciones institucionales difundidas durante la estrategia incluyen mantener actualizada la documentación del inmueble, regularizar sucesiones o propiedades intestadas, formalizar contratos de renta o préstamo y conservar pruebas de posesión, como recibos de servicios. También se pide denunciar de inmediato posibles ocupaciones irregulares y resguardar evidencias como fotografías, videos o documentos.
Información pendiente en las investigaciones
La declaración de la fiscal coloca el foco en la posible participación de estructuras delictivas en un delito que puede afectar tanto a propietarios como a personas poseedoras de inmuebles. No obstante, persisten datos relevantes que no han sido divulgados públicamente: el número de carpetas vinculadas con cada organización, las alcaldías donde se ubican los casos, las medidas de restitución aplicadas y las resoluciones judiciales que pudieran existir.
La FGJCDMX deberá precisar, conforme avancen las investigaciones, los elementos que sustenten cada imputación y las acciones legales correspondientes. Mientras tanto, la información expuesta por las autoridades debe entenderse como parte de investigaciones en curso y no como una sentencia contra personas determinadas.
Fuentes consultadas
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