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Gran jurado federal de Texas acusa a estadounidense de presunto suministro de armas al Cártel de Sinaloa

Oficial de la Guardia Nacional en uniforme y casco, al aire libre en CDMX, México, durante el día.

Foto ilustrativa de Yerevan Malerva en Pexels.

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas acusó a Loyd Walter Hall, estadounidense de 27 años y residente de Amarillo, de conspirar para proporcionar armas de fuego al Cártel de Sinaloa, informó la Fiscalía federal estadounidense. La acusación, presentada el 25 de junio y anunciada públicamente el 21 de julio, incluye 12 cargos contra Hall y tres personas más por presuntas operaciones de compra irregular y tráfico de armas hacia México.

El caso tiene relevancia para México porque, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hall y algunos de sus presuntos cómplices mantuvieron entre 2024 y 2026 una relación con un integrante del Cártel de Sinaloa ubicado en Chihuahua. Las autoridades estadounidenses sostienen que esa relación habría servido para entregar armamento, conocimientos técnicos y orientación para evitar la detección de las corporaciones de seguridad de Estados Unidos.

Los cargos contra el principal acusado

Hall enfrenta cargos por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación a Estados Unidos, posesión de un arma en relación con un delito de narcotráfico, declaraciones falsas a comerciantes de armas y conspiración para compras simuladas y tráfico de armamento.

La fiscalía federal no ha dado a conocer en su comunicado el número total de armas que habrían sido movilizadas. Sin embargo, reportes basados en el expediente judicial señalan que la investigación documentó adquisiciones de pistolas en establecimientos de Amarillo y el uso de formularios en los que compradores declaraban ser los propietarios finales de las armas.

Una compra simulada, conocida en inglés como straw purchase, ocurre cuando una persona adquiere un arma de manera aparentemente legal, pero en realidad la obtiene para entregarla o venderla a otra persona. La acusación federal sostiene que este mecanismo fue utilizado para abastecer una red vinculada con el traslado de armas a México.

Tres acusados por delitos relacionados

Además de Hall, fueron acusados Jesús Quezada Meza, mexicano de 30 años residente de Dumas, Texas; Omar Velasquez, de 44 años y residente de Utah, y Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo. Quezada Meza y Velasquez enfrentan cargos por conspiración para efectuar compras simuladas y traficar armas, mientras que Townsend fue acusada de hacer una declaración falsa en información obligatoria para un vendedor de armas con licencia.

La Fiscalía del Distrito Norte de Texas señaló que los cuatro acusados ya comparecieron inicialmente ante un tribunal. Hall podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua si fuera declarado culpable; Quezada Meza y Velasquez podrían recibir hasta 15 años de prisión federal, y Townsend hasta cinco años. Las penas citadas son los máximos legales y no representan una sentencia dictada.

La vertiente de narcotráfico

El expediente también atribuye a Hall una presunta conspiración para distribuir sustancias controladas con destino a Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía federal, el señalamiento abarca 400 gramos o más de fentanilo, cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína. Las autoridades no detallaron en el comunicado el avance procesal de esa parte de la investigación ni presentaron públicamente evidencia en el anuncio.

El Departamento de Justicia indicó que la investigación fue realizada por la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y por Investigaciones de Seguridad Nacional, con apoyo del FBI y de la Policía de Amarillo. El fiscal federal Ryan Raybould sostuvo que el tráfico de armas desde Estados Unidos fortalece la capacidad operativa de los grupos criminales.

Acusación no equivale a culpabilidad

La imputación formal describe la versión de los fiscales y no constituye una declaración de culpabilidad. El propio Departamento de Justicia subrayó que una acusación es una alegación de conducta criminal y que los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario mediante el proceso correspondiente.

La publicación original de EL PAÍS informó que el vínculo investigado se ubica en Chihuahua, mientras que una televisora local de Texas reportó que los documentos judiciales fueron desclasificados tras las detenciones. La información disponible coincide en los cargos centrales contra Hall y en la existencia de tres coacusados, aunque la Fiscalía federal es la fuente principal para la denominación oficial de los delitos y las penas máximas.

Fuentes consultadas


Imagen ilustrativa. Foto de Yerevan Malerva en Pexels.

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