La expansión de la participación política de las mujeres en México ha traído avances inéditos en representación, pero también una mayor exposición a la violencia política de género. Esa es la principal advertencia que recoge EL PAÍS a partir de informes del Instituto Nacional Electoral (INE), de la experiencia de consejeras electorales y de organismos internacionales que han documentado que la presencia femenina en espacios de poder suele ir acompañada de nuevas agresiones y mecanismos de exclusión.
El punto de partida de esta historia es la elección de 2024, que dejó un escenario sin precedente: la primera presidenta de México, un Congreso paritario, un número récord de senadoras y diputadas federales, cientos de alcaldesas y diputadas locales, y cuatro gobernadoras, con lo que el país alcanzó 13 entidades encabezadas por una mujer. Sin embargo, ese salto en representación no implicó una disminución automática de la violencia; por el contrario, el INE ha señalado que la mayor visibilidad de las candidatas también incrementó su exposición a ataques.
De acuerdo con el reporte citado por EL PAÍS, en el proceso electoral de 2024 el INE recibió 215 quejas formales por violencia política contra las mujeres en razón de género. Esa cifra representó 42% de las 511 denuncias acumuladas en cuatro años desde la reforma constitucional aprobada en 2020 para prevenir y sancionar esta conducta. El instituto identificó 157 víctimas y procedió contra 266 presuntos infractores. Además, el Registro Nacional de Personas Sancionadas por esta causa alcanzó 438 nombres, entre ellos hombres y mujeres, con presencia de ciudadanos comunes, autoridades municipales, funcionarios y periodistas.
Una paridad histórica que no ha eliminado las agresiones
El diagnóstico que aparece en la nota de EL PAÍS coincide con la advertencia de ONU Mujeres: la participación política de las mujeres es esencial para la democracia, pero sigue enfrentando barreras estructurales y violencia en la vida pública. La agencia de la ONU ha descrito la violencia contra las mujeres en la política como una violación de derechos y un factor que desalienta su participación, ya sea en campañas, en el ejercicio del cargo o dentro de los partidos políticos.
En México, esa tensión se hizo visible con la llamada “paridad total”, impulsada por reformas de 2019, y con la reforma de 2020 sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. EL PAÍS señala que estas modificaciones colocaron en la Constitución mecanismos que buscan garantizar condiciones más equitativas para competir por cargos públicos y un entorno libre de violencia. Entre las herramientas creadas o reforzadas figuran los observatorios de participación, el registro de sancionados y distintos protocolos para detectar y atender agresiones.
Aun con ese andamiaje institucional, la consejera del INE Claudia Zavala reconoce en la entrevista citada por el diario que persisten prácticas de discriminación y formas nuevas de agresión. Según su valoración, la paridad ha abierto la puerta para que más mujeres compitan y accedan al poder, pero ese avance también ha generado una reacción adversa: violencia en campañas, en el ejercicio del cargo y al interior de los partidos. En su lectura, el problema ya no se limita a ataques materiales, sino que incluye violencia digital y simbólica, diseñada para estereotipar, desacreditar y encasillar a las mujeres en roles tradicionales.
Las nuevas formas de violencia política
El artículo de EL PAÍS describe una lista amplia de agresiones documentadas por las autoridades electorales: ataques en redes sociales, descalificación en medios, obstáculos para registrarse como candidatas, amenazas, hostigamiento, violencia sexual y psicológica, retiro y destrucción de propaganda, así como discriminación partidista. A eso se suman prácticas más recientes, como el uso de inteligencia artificial, la circulación de noticias falsas, los mensajes de odio y la manipulación de videos con el fin de dañar la reputación de las candidatas o inhibir su participación.
Esa descripción también es consistente con estudios recientes del propio INE. En 2025 y 2026, el instituto difundió análisis sobre campañas y procesos electorales donde detectó la persistencia de la violencia simbólica, mediática y digital contra mujeres candidatas y funcionarias. En uno de esos ejercicios, el INE informó que la violencia política de género fue especialmente visible en candidaturas a cargos del Poder Judicial, con una presencia predominante en la cobertura convencional y en redes sociales.
La coincidencia entre los hallazgos de EL PAÍS y los reportes institucionales apunta a una misma conclusión: la violencia política de género no ha desaparecido con la ampliación de la representación femenina. Por el contrario, se ha diversificado y adaptado a nuevos entornos de exposición pública, en particular el ecosistema digital.
El pendiente institucional
Más allá de la denuncia, la nota original también subraya un desafío de implementación. Zavala sostiene que hace falta perfeccionar los protocolos para que las personas sancionadas por violencia política de género no puedan regresar con facilidad a cargos públicos. El problema no es menor: el propio registro del INE incluye casos de reincidencia, lo que evidencia límites en el sistema de sanciones y seguimiento.
La consejera también plantea que buena parte de la violencia se origina en el nivel municipal y dentro de los partidos, dos espacios donde las mujeres siguen enfrentando resistencias para ejercer liderazgo. Según el programa piloto de atención a víctimas aplicado por el INE en 2023-2024, varias denuncias se presentaban en horarios nocturnos o de madrugada, lo que sugiere temor y precariedad en las condiciones para denunciar. De ese piloto surgió la necesidad de un mecanismo integral que combine prevención, atención psicológica, acompañamiento y asesoría jurídica.
El trasfondo de este debate es claro: México ha logrado avances formales importantes en representación y reglas de paridad, pero esos avances no han borrado la violencia política contra las mujeres. La discusión ya no gira solo en torno a cuántas mujeres ocupan cargos, sino a si las instituciones son capaces de garantizar que puedan ejercerlos sin amenazas, hostigamiento ni deslegitimación sistemática.
En ese sentido, la elección de 2024 quedó como un parteaguas. Fue histórica por los cargos alcanzados por mujeres, pero también dejó en evidencia que la igualdad en las urnas no asegura, por sí sola, igualdad en las condiciones para competir y gobernar.