La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se pronunció por abrir una discusión pública sobre la eventual legalización de la eutanasia en la capital, luego de que una encuesta encargada por su administración reportó que 86% de las personas consultadas está de acuerdo con permitirla en casos específicos.
El planteamiento fue difundido el 31 de agosto de 2026, aunque el enlace de RSS recibido está fechado el 1 de septiembre de 2026 en horario GMT. De acuerdo con reportes de La Jornada y 24 Horas, Brugada sostuvo que el resultado de la consulta representa un indicador para comenzar a construir una ruta legislativa y de diálogo social en torno al llamado derecho a una muerte digna.
La mandataria capitalina señaló que una posible iniciativa tendría que escuchar a pacientes, familiares, personas cuidadoras, especialistas en bioética, profesionales de la salud y organizaciones civiles. También vinculó el tema con el sistema de cuidados, al considerar que las decisiones al final de la vida impactan no sólo a quien enfrenta una enfermedad grave o terminal, sino a sus redes de acompañamiento.
El 86% es un dato reportado por el Gobierno capitalino
La cifra de 86% fue dada a conocer por la propia jefa de Gobierno durante una conferencia. Según la información publicada por los medios consultados, la pregunta se relacionó con la posibilidad de legalizar la eutanasia para evitar sufrimiento en personas con enfermedades terminales.
Sin embargo, hasta ahora no se han difundido de manera pública elementos indispensables para evaluar el alcance estadístico de ese resultado, como el número de personas entrevistadas, el método de levantamiento, las fechas de aplicación, la redacción completa de las preguntas, el margen de error y la representatividad territorial o sociodemográfica de la muestra.
Por ello, el porcentaje debe entenderse como el resultado de una encuesta encargada por la administración capitalina y no como una medición verificable, por sí sola, de la opinión de toda la población de la Ciudad de México. La divulgación de la ficha metodológica permitiría conocer con mayor precisión qué población fue consultada y bajo qué condiciones se obtuvo el dato.
Brugada afirmó que su gobierno respalda la autonomía personal frente a situaciones de sufrimiento intolerable. No obstante, también planteó que el tema requiere un proceso de discusión amplio, pues involucra decisiones médicas, éticas, jurídicas y familiares de alta complejidad.
Una discusión distinta a la voluntad anticipada
El debate anunciado ocurre en un marco legal que distingue entre la eutanasia y las decisiones anticipadas sobre tratamientos médicos. La Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, incluida en el marco legal del Congreso de la Ciudad de México, permite a las personas expresar por anticipado decisiones sobre la atención médica que desean recibir cuando ya no puedan manifestar su voluntad.
La norma capitalina se refiere a la ortotanasia, concepto asociado a evitar tratamientos desproporcionados o inútiles y a garantizar cuidados paliativos sin provocar de forma intencional la muerte. Es decir, la voluntad anticipada puede permitir rechazar intervenciones que prolonguen artificialmente la vida, pero no autoriza que personal médico provoque deliberadamente el fallecimiento de una persona.
La eutanasia, en cambio, implica una intervención dirigida a causar la muerte a petición de un paciente, generalmente bajo condiciones establecidas por una legislación específica. El suicidio médicamente asistido es otra figura: en éste, el paciente realiza el acto final con asistencia o prescripción médica. Aunque ambos temas suelen aparecer juntos en el debate público, no son jurídicamente idénticos.
La legislación federal vigente establece una restricción relevante. El artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud prohíbe, bajo el amparo de esa ley, la práctica de la eutanasia, definida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido. La misma norma contempla cuidados paliativos para pacientes en situación terminal y permite administrar fármacos para aliviar dolor y síntomas, aun si pueden tener efectos secundarios sobre el tiempo de vida, siempre que su finalidad sea el alivio y no causar la muerte.
El alcance de una eventual reforma
Por esa razón, una eventual regulación en la Ciudad de México enfrentaría un debate que no se limita al Congreso local. Cualquier propuesta tendría que revisar su compatibilidad con la Ley General de Salud, las disposiciones penales aplicables y el marco constitucional de protección a la salud, la dignidad y la autonomía personal.
En días recientes, pacientes, familiares y activistas realizaron una movilización hacia el Congreso de la Ciudad de México para entregar la propuesta denominada “Ley Trasciende”, de acuerdo con 24 Horas. El proyecto busca colocar en la agenda legislativa el derecho a solicitar una muerte asistida bajo ciertos supuestos. No obstante, los detalles de una iniciativa formal, sus requisitos clínicos, mecanismos de consentimiento, evaluaciones médicas y controles de supervisión todavía no han sido presentados públicamente por el Gobierno capitalino.
Brugada adelantó que su administración dará a conocer posteriormente la ruta para abordar el asunto. El proceso, de concretarse, deberá diferenciar con claridad la eutanasia de los cuidados paliativos, la sedación controlada, la suspensión de tratamientos y la voluntad anticipada, para evitar que figuras médicas y legales distintas sean tratadas como si fueran equivalentes.
La discusión también pondrá sobre la mesa la disponibilidad de atención paliativa y apoyo integral para pacientes y familias. Estos servicios buscan controlar dolor y otros síntomas, así como ofrecer acompañamiento psicológico y social, sin que su propósito sea acelerar el fallecimiento. Su fortalecimiento es parte central de cualquier debate responsable sobre decisiones al final de la vida.
Por ahora, el anuncio de la jefa de Gobierno no modifica la legislación vigente ni autoriza la eutanasia en la Ciudad de México. Se trata de un posicionamiento político para impulsar la deliberación pública y explorar una ruta legislativa, en un tema que requerirá revisión técnica, jurídica y ética antes de que pueda traducirse en cambios normativos.
Fuentes consultadas
- La Jornada
- 24 Horas
- Cámara de Diputados: Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos
- Congreso de la Ciudad de México: Marco legal y Ley de Voluntad Anticipada
Imagen ilustrativa. Foto de Bor Jinson en Pexels.
