En México, el mapa legal del aborto sigue fragmentado. Un recuento publicado por El Economista el 13 de marzo de 2026 señala que todavía nueve entidades federativas no han modificado sus códigos penales para garantizar plenamente este derecho, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió que penalizar el aborto voluntario es inconstitucional. La información coincide con el semáforo normativo elaborado por GIRE y con los criterios difundidos por la propia Corte. ([eleconomista.com.mx](https://www.eleconomista.com.mx/politica/aborto-mexico-faltan-nueve-estados-garantizar-derecho-20260313-804114.html))
La nota original de El Economista plantea que la despenalización del aborto ha avanzado en distintas etapas durante la última década, pero con ritmos desiguales entre estados. De acuerdo con su recuento, la Ciudad de México abrió el camino en 2007, seguida por Oaxaca en 2019; después se sumaron entidades como Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima en 2021; Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo en 2022; y, más adelante, Puebla, Jalisco, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas y el Estado de México en 2024, además de Nayarit, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Tabasco en 2025. ([eleconomista.com.mx](https://www.eleconomista.com.mx/politica/aborto-mexico-faltan-nueve-estados-garantizar-derecho-20260313-804114.html))
El dato central no es menor: según GIRE, su herramienta de seguimiento normativo, el país contaba para junio de 2026 con 25 entidades con algún grado de despenalización o reconocimiento local del aborto, mientras que los últimos lugares del semáforo seguían ocupados por estados como Sonora, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes. La organización explica que su evaluación no solo considera la existencia de reformas penales, sino también leyes de salud, programas públicos y criterios judiciales que faciliten el acceso real al servicio. ([abortomexico.gire.org.mx](https://abortomexico.gire.org.mx/semaforo-normativo-del-aborto-en-mexico/))
Qué ha dicho la Corte
La base jurídica del avance nacional está en las resoluciones de la SCJN. En 2023, la Primera Sala declaró que las normas que penalizan el aborto voluntario, tanto para quien lo practica como para la persona gestante que se lo autoprocura, son inconstitucionales porque anulan el derecho a decidir. La Corte también ha insistido en que la criminalización absoluta impacta derechos como la salud, la autonomía reproductiva, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. ([internet2.scjn.gob.mx](https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7504&utm_source=openai))
Sin embargo, esa determinación judicial no ha bastado para homogeneizar la legislación local. GIRE advierte que, además de despenalizar en los códigos penales, los estados deben incorporar reglas de salud, programas de atención y mecanismos que eviten barreras institucionales. En otras palabras, que algo deje de ser delito no significa automáticamente que exista un servicio disponible, oportuno y gratuito para todas las mujeres y personas gestantes. ([abortomexico.gire.org.mx](https://abortomexico.gire.org.mx/semaforo-normativo-del-aborto-en-mexico/))
El pendiente: pasar de la despenalización al acceso efectivo
Ese es precisamente el punto que subraya el recuento periodístico de marzo de 2026: aunque el país ha acumulado reformas y criterios judiciales favorables, la garantía del derecho sigue dependiendo del lugar donde viva cada persona. La diferencia entre estados no solo se expresa en el texto de los códigos, sino en la existencia o ausencia de lineamientos sanitarios, redes de atención y programas públicos de interrupción legal del embarazo. ([eleconomista.com.mx](https://www.eleconomista.com.mx/politica/aborto-mexico-faltan-nueve-estados-garantizar-derecho-20260313-804114.html))
El propio semáforo normativo de GIRE muestra que la posición de cada entidad no se determina únicamente por si el aborto fue despenalizado, sino por factores como la reforma a la ley de salud, la existencia de programas ILE y la presencia de causales específicas, como violación o riesgo para la salud. Esa metodología ayuda a explicar por qué, aun con avances legislativos relevantes, el acceso no es uniforme en el país. ([abortomexico.gire.org.mx](https://abortomexico.gire.org.mx/semaforo-normativo-del-aborto-en-mexico/))
La discusión también tiene un componente federal. Aunque la SCJN ha fijado criterios que invalidan la criminalización del aborto voluntario, los congresos locales conservan la tarea de adecuar sus códigos penales y sanitarios. Mientras eso no ocurra, persiste una brecha entre el reconocimiento constitucional del derecho y su ejercicio cotidiano en las instituciones públicas de salud. ([internet2.scjn.gob.mx](https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7504&utm_source=openai))
En ese contexto, la cifra de nueve estados pendientes funciona como una radiografía del rezago normativo, pero también como un recordatorio de que la despenalización por sí sola no resuelve el problema de acceso. El debate en México, al inicio de 2026, ya no se limita a si el aborto debe dejar de ser delito, sino a cómo convertir ese reconocimiento en un servicio seguro, legal y disponible en todo el territorio. ([eleconomista.com.mx](https://www.eleconomista.com.mx/politica/aborto-mexico-faltan-nueve-estados-garantizar-derecho-20260313-804114.html))
