La Ciudad de México podría modificar la forma en que atiende algunos robos de bajo monto. La propuesta presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca que determinados casos de sustracción de bienes con valor menor a 5,800 pesos puedan canalizarse a la justicia cívica, siempre que no exista violencia ni reincidencia, con prioridad en la reparación del daño a la víctima.
El planteamiento forma parte de una iniciativa para transformar el modelo de justicia cívica capitalino que Brugada envió al Congreso de la Ciudad de México. La medida no está vigente: deberá ser revisada en comisiones legislativas y, en su caso, aprobada por el pleno antes de que pueda aplicarse.
De acuerdo con la publicación difundida por Máspormás, la propuesta contempla que los robos de bajo valor puedan recibir una respuesta distinta a la vía penal tradicional. El umbral referido es de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), monto que el medio ubicó en alrededor de 5,800 pesos.
Reparar el daño, el eje de la propuesta
La intención central es que la persona afectada reciba una solución más inmediata, como la devolución del bien cuando sea posible o el pago de la afectación causada. Según la explicación publicada por el medio Impressiones, la vía cívica incluiría reparación del daño y podría acompañarse de medidas como arresto o trabajo en favor de la comunidad.
El modelo propuesto no eliminaría automáticamente la posibilidad de denunciar por la vía penal. La cobertura de Impressiones señala que las personas agraviadas podrían optar por la ruta penal o por la cívica, dependiendo de las características del caso y de la respuesta que busquen obtener.
En términos generales, la justicia cívica es un mecanismo utilizado para atender infracciones administrativas y conflictos de convivencia mediante jueces cívicos. Su propósito es intervenir de manera temprana, imponer medidas proporcionales y prevenir que problemas menores escalen. La iniciativa plantea ampliar ese enfoque a conductas específicas de menor gravedad, bajo requisitos que deberán definirse con precisión en el proceso legislativo.
El alcance dependerá de las condiciones que apruebe el Congreso
La información disponible apunta a que el supuesto estaría limitado a robos sin violencia y sin reincidencia. Esas restricciones son relevantes porque no todo apoderamiento de bienes tendría el mismo tratamiento: cuando hay agresiones, amenazas u otras circunstancias agravantes, el caso puede involucrar delitos con consecuencias más graves y requerir intervención ministerial y judicial.
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, fue citada por Impressiones al explicar que el esquema también contemplaría daños a bienes muebles e inmuebles que no superen las 50 UMA. Sin embargo, los detalles normativos sobre el procedimiento, los criterios de elegibilidad, las garantías para víctimas y las consecuencias ante el incumplimiento de la reparación deberán conocerse en el texto legislativo que discuta el Congreso.
Por ahora, no se ha confirmado públicamente una fecha para que las comisiones dictaminen la iniciativa ni para una eventual votación. Tampoco se ha difundido en las fuentes revisadas el articulado completo que permita establecer con certeza cómo se coordinarían los juzgados cívicos, la Fiscalía capitalina y las autoridades de seguridad en estos asuntos.
Una de cuatro iniciativas entregadas por Brugada
El Congreso de la Ciudad de México informó el 14 de octubre de 2026 que Clara Brugada presentó su Segundo Informe de Gobierno y dio a conocer la entrega de cuatro iniciativas. Entre ellas se incluyó una propuesta para transformar el modelo de justicia cívica de la capital.
Las otras iniciativas mencionadas por el Congreso están relacionadas con el reconocimiento del bienestar emocional, la creación de un sistema de educación inicial y una regulación en materia de relaciones inquilinarias y rentas. En el caso de la justicia cívica, la discusión legislativa tendrá que determinar si el nuevo modelo cuenta con reglas claras para evitar que la búsqueda de soluciones rápidas limite derechos de las víctimas o deje sin atención adecuada casos que ameriten investigación penal.
El debate también deberá precisar cómo se acreditará el valor del bien sustraído, qué autoridad determinará si no hubo violencia o reincidencia y qué mecanismos estarán disponibles cuando la persona señalada no cumpla con reparar el daño. Estos elementos son fundamentales para dar certeza tanto a las víctimas como a las personas sujetas al procedimiento.
Una propuesta, no un cambio inmediato
El anuncio ha sido presentado como una alternativa para agilizar la solución de conductas de baja gravedad y concentrar recursos de procuración de justicia en hechos más complejos. No obstante, su alcance final dependerá del análisis que realicen las y los legisladores, así como de las modificaciones que eventualmente se incorporen al proyecto.
Mientras no exista una reforma aprobada y publicada, los robos continúan sujetos a las disposiciones penales y procesales actualmente vigentes. La iniciativa abre una discusión sobre el equilibrio entre la reparación efectiva a las víctimas, la proporcionalidad de las sanciones y la necesidad de garantizar el debido proceso en la Ciudad de México.
Fuentes consultadas
Imagen ilustrativa. Foto de Julio Lopez en Pexels.


