El 25 de junio de 2025, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentó los principales cambios a la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma que busca reordenar el marco legal del sector en México y, de acuerdo con el Gobierno federal, facilitar una mayor cobertura de internet y servicios digitales. La exposición pública de estos ajustes ocurrió durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y fue retomada por medios como Chilango y N+.
Entre los puntos centrales de la propuesta está la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado dentro de la ATDT que, según la explicación oficial, tendría independencia técnica, operativa y de gestión. El planteamiento prevé cinco comisionadas o comisionados nombrados por la persona titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado. La idea de ese nuevo regulador forma parte del rediseño institucional con el que el gobierno pretendía sustituir funciones que antes estaban concentradas en otras autoridades del sector.
Qué cambia en la iniciativa
De acuerdo con la versión estenográfica difundida por Presidencia y el comunicado del Senado, la nueva ley reorganiza facultades relacionadas con el espectro radioeléctrico, las concesiones, la supervisión de emisiones y la protección de derechos de usuarios y audiencias. El texto legislativo aprobado más adelante también confirmó que la ley regula el uso del espectro, las redes públicas de telecomunicaciones, la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales y la comunicación vía satélite.
Uno de los elementos más relevantes para operadores y concesionarios es que la iniciativa contempla distintos tipos de concesión —comercial, pública, privada y social—, incluidas las comunitarias, indígenas y afromexicanas. En la presentación oficial se señaló que estas redes podrían recibir entre 1% y 10% del presupuesto de comunicación social, además de tener acceso a 3% del tiempo destinado a publicidad y patrocinios, una medida que el gobierno describió como un mecanismo para fortalecer medios y proyectos comunitarios.
La propuesta también incluye incentivos vinculados con el despliegue de infraestructura. La ATDT explicó que habrá descuentos en el pago del espectro para empresas que amplíen cobertura social y carretera, con el objetivo de llevar conectividad a zonas donde el acceso sigue siendo limitado. El Gobierno federal ha dicho que la reforma busca conectar a 15 millones de personas que no contaban con internet en ese momento, según el comunicado de Presidencia del 14 de mayo de 2025.
El trasfondo del cambio regulatorio
La discusión se dio en un contexto en el que México mantenía rezagos frente a otros países de la región en acceso a internet. En la presentación oficial, la ATDT citó una penetración de 68.5% de hogares con acceso a internet y comparó ese nivel con el de países como Chile, Argentina y Brasil, que ya superaban 80% e incluso 90% de cobertura. Ese diagnóstico sirvió como base para justificar una reforma que, según el gobierno, pretende ampliar competencia y abaratar servicios.
El rediseño de la ley también responde a un cambio institucional más amplio. En las notas oficiales y en el seguimiento legislativo se indica que varias funciones que estaban a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones pasarían a la nueva comisión, a la ATDT o a otras dependencias federales. En paralelo, el Senado informó el 28 de junio de 2025 que avaló en lo general el proyecto para expedir la ley, mientras que el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto el 16 de julio de 2025.
El proyecto no estaba exento de debate. En el seguimiento legislativo se enlistaron medidas sobre gestión del espectro, sanciones, tiempos de Estado y administración de concesiones que fueron defendidas por la mayoría oficialista como un esfuerzo para ordenar el sector. Sin embargo, la discusión pública también giró en torno a la concentración de facultades en el Ejecutivo y a la forma en que el nuevo regulador operaría dentro de la estructura de la ATDT.
Qué debe entenderse de la reforma
Más allá del lenguaje técnico, la iniciativa de 2025 intentó actualizar una legislación que el propio gobierno consideró insuficiente para atender los retos de conectividad, competencia y acceso equitativo a servicios digitales. En la práctica, la reforma planteó un nuevo árbitro para telecomunicaciones, nuevos criterios para concesiones y un esquema de incentivos para ampliar infraestructura en regiones con baja cobertura.
La discusión de junio de 2025 dejó claro que la ley no sólo buscaba modificar reglas administrativas, sino redefinir el equilibrio entre Estado, empresas y concesionarios sociales en un sector estratégico para la economía digital. La publicación posterior del decreto en julio confirmó que esa discusión derivó en una nueva legislación federal, con efectos directos sobre la regulación del espectro, la radiodifusión y los servicios de telecomunicaciones en el país.
