Las infracciones de tránsito detectadas mediante cámaras y radares continuarán vigentes en la Ciudad de México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional exigir al propietario de un vehículo que responda solidariamente por el pago de una fotomulta, aun cuando no haya sido la persona que conducía al momento de la infracción.
La resolución rechaza los argumentos de propietarios que buscaban dejar sin efectos el sistema bajo la premisa de que resultaba injusto trasladarles una sanción derivada de una conducta que pudo haber cometido otra persona. La mayoría de ministras y ministros sostuvo, en cambio, que la obligación de pago no equivale a atribuir al dueño la conducta infractora.
De acuerdo con los reportes sobre la discusión en el pleno, la decisión fue aprobada por seis votos contra dos. La Corte avaló el último párrafo del artículo 60 y el artículo 64 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, así como el primer párrafo del artículo 34 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública de la capital.
La diferencia entre la infracción y el pago
El punto central del debate fue la figura de la responsabilidad solidaria. Quienes impugnaron las disposiciones señalaron que las cámaras pueden identificar una placa y el vehículo involucrado, pero no necesariamente a la persona que iba al volante. Desde esa perspectiva, consideraron que cargar la multa al propietario vulneraba el principio según el cual cada persona debe responder por sus propios actos.
Uno de los proyectos discutidos, atribuido al ministro Giovanni Figueroa Mejía, planteaba conceder el amparo a un propietario y declarar inválido el esquema, precisamente porque no se acreditaba que el dueño hubiera sido quien cometió la infracción. El asunto derivó, según la información publicada, de una impugnación contra 13 fotomultas por exceso de velocidad registradas desde junio de 2025.
La posición que prevaleció fue distinta. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra defendió que las normas separan dos conceptos: la infracción corresponde a quien realizó la conducta contraria al Reglamento de Tránsito, mientras que el propietario puede responder solidariamente por el efecto económico derivado de esa infracción. Es decir, la Corte no determinó que el dueño sea automáticamente el conductor responsable, sino que puede ser requerido para cubrir el adeudo vinculado con una unidad de su propiedad.
Durante el debate también se expuso que el modelo tecnológico busca facilitar la vigilancia de conductas que comprometen la seguridad vial y disminuir el margen de discrecionalidad en la imposición de sanciones de tránsito. No obstante, la resolución no elimina la posibilidad de controvertir una infracción cuando la persona afectada considere que fue impuesta de forma incorrecta.
Qué permanece vigente para automovilistas en la capital
La decisión judicial ocurre en un contexto en el que la Ciudad de México utiliza sistemas tecnológicos para registrar infracciones y aplica consecuencias distintas según el tipo de vehículo y la entidad donde está matriculado. La Secretaría de Movilidad (Semovi) denomina Fotocívicas al esquema aplicable a personas físicas con vehículos registrados en la capital.
En ese programa, cada vehículo inicia el ciclo de verificación con 10 puntos. Las infracciones detectadas por sistemas tecnológicos pueden restar puntos por conductas como exceder los límites de velocidad, circular en sentido contrario, invadir el paso peatonal, no respetar una luz roja, utilizar el teléfono celular al conducir o no usar el cinturón de seguridad.
Cuando se pierde un punto, la consecuencia puede consistir en una amonestación y la visualización de contenido sobre seguridad vial. Conforme aumenta la pérdida de puntos, el esquema contempla cursos en línea, un curso presencial y, desde el sexto punto perdido, trabajo comunitario. La Semovi señala que superar en 40% los límites de velocidad previstos en el Reglamento de Tránsito implica una penalización directa de cinco puntos.
Para vehículos con placas de otras entidades federativas, así como para unidades de empresas y transporte público, las infracciones captadas por cámaras y radares tienen consecuencias económicas. La dependencia capitalina precisa además que, en el esquema de Fotocívicas, el propietario cuyo nombre aparece en la tarjeta de circulación es quien debe cumplir las sanciones correspondientes, bajo el criterio de responsabilidad solidaria previsto en la normatividad local.
Revisión e impugnación de infracciones
La validación de las normas no significa que una boleta sea inatacable. La información de Semovi indica que, si una persona no está de acuerdo con las infracciones asociadas a su matrícula, puede promover un recurso de revisión por vía electrónica ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en los términos de la Ley de Cultura Cívica y del Reglamento de Tránsito.
Para revisar la situación de un vehículo con placas capitalinas, las personas propietarias pueden consultar el sistema de Fotocívicas con su Llave CDMX. La plataforma permite conocer las infracciones registradas, las medidas cívicas pendientes y el avance para recuperar el estatus necesario en la verificación vehicular. En el caso de adeudos o dudas sobre multas, también existen módulos de aclaración de infracciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La resolución de la SCJN fija un criterio relevante para el modelo de vigilancia vial en la capital: la identificación del propietario por medio de la placa puede ser suficiente para establecer una obligación solidaria de pago, sin sustituir la distinción jurídica entre la persona dueña del automóvil y quien materialmente incurrió en la falta. Con ello, el sistema de sanciones detectadas por tecnología se mantiene, mientras los propietarios conservan vías administrativas y judiciales para cuestionar casos concretos.
Fuentes consultadas
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