Los 5 principales de esta semana

Publicaciones relacionadas

SCJN valida revisión voluntaria de candidaturas por posibles riesgos delictivos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), un mecanismo diseñado para canalizar a autoridades competentes las solicitudes de revisión de personas aspirantes a cargos de elección popular ante posibles riesgos de vínculos con actividades delictivas.

De acuerdo con la información publicada el 5 de octubre por La Jornada, el Pleno de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y determinó que el esquema no crea un requisito adicional para ser candidato, no bloquea el registro de postulaciones y tampoco equivale a una sanción penal.

La resolución se dio tras una acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas. El partido cuestionó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dio base a la comisión, al considerar que podía afectar el derecho a ser votado y la presunción de inocencia.

Un mecanismo de información, no de inelegibilidad

El criterio central avalado por la SCJN es que la revisión funciona como una herramienta preventiva e informativa. La participación de los partidos políticos, candidaturas independientes y personas aspirantes debe ser voluntaria, por lo que la comisión no puede incorporar unilateralmente a una persona a las listas de verificación.

El procedimiento parte de una solicitud presentada con el consentimiento de la persona a revisar. El INE actúa como enlace y remite la petición a instituciones con facultades en seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera. Esas autoridades analizan sus propios registros y metodologías para determinar si identifican un “riesgo razonable”, expresión utilizada en la legislación y en los lineamientos del Instituto.

Según explicó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz durante la discusión, citado por La Jornada, las autoridades competentes emiten una valoración de riesgo que regresa a la comisión y posteriormente al partido político. La decisión sobre sostener o modificar una postulación corresponde finalmente a los institutos políticos o, en el caso de las candidaturas independientes, a las personas involucradas.

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas no determina responsabilidades penales ni sustituye las atribuciones de fiscalías, autoridades de seguridad o tribunales. Tampoco sus resultados son vinculantes para que el INE apruebe o rechace automáticamente una candidatura.

Cómo operará la comisión del INE

El INE instaló formalmente esta comisión el 7 de septiembre de 2026, como una comisión permanente de su Consejo General, y aprobó los lineamientos para la coordinación interinstitucional y el procedimiento de verificación rumbo al Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.

La instancia está integrada por la consejera Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Arturo Chávez López, quien la preside, y Uuc-kib Espadas Ancona. Sus lineamientos contemplan revisiones desde la etapa de precandidaturas y también incluyen a las personas suplentes de las postulaciones.

El Instituto informó que habrá comunicación con la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La participación de esas autoridades no transforma al INE en una institución investigadora. El propio organismo electoral ha señalado que la indagatoria, persecución y sanción de posibles delitos corresponden exclusivamente a las instancias con competencia legal para hacerlo.

Confidencialidad y presunción de inocencia

Uno de los puntos relevantes del modelo es el tratamiento confidencial de la información. El consejero Arturo Chávez López explicó en septiembre que los resultados serán conocidos por la autoridad que haga la revisión y por el partido político correspondiente. Añadió que el INE no tendrá acceso a los nombres de quienes eventualmente sean identificados con algún nivel de riesgo.

Los lineamientos aprobados por el INE establecen que la información obtenida no constituye una declaración sobre la elegibilidad de las personas, no modifica sus derechos político-electorales y no puede utilizarse para objetivos distintos de los previstos en la norma.

En la discusión de la Corte, el ministro Giovanni Figueroa planteó que los reportes de posibles vínculos delictivos debían limitarse a elementos que ya hubieran sido presentados ante un juez para solicitar la vinculación a proceso. Su propuesta no prosperó. El planteamiento buscaba evitar que información no judicializada influyera en la valoración política de una candidatura.

La decisión de la SCJN mantiene vigente el diseño legal de la comisión en vísperas del proceso electoral 2026-2027. Su funcionamiento dependerá de que partidos, aspirantes e instituciones participantes activen el mecanismo, así como de que las autoridades resguarden la confidencialidad, respeten el debido proceso y se ciñan a sus facultades.

Fuentes consultadas


Imagen ilustrativa. Foto de Israel Torres en Pexels.

Artículos populares