Noel Salgueiro Nevárez, conocido como “El Flaco Salgueiro”, fue sentenciado a 29 años y tres meses de prisión por delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución también establece una multa de 378 mil 472 pesos. De acuerdo con los reportes publicados el domingo 13 de septiembre, Salgueiro deberá cumplir la pena en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, localizado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El caso fue difundido por la FGR y retomado por distintos medios nacionales. El Diario de Juárez reportó que el Ministerio Público Federal acreditó la responsabilidad penal de Salgueiro por los tres delitos señalados. La Jornada precisó que en las investigaciones participaron la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Federal en Tamaulipas, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.
La condena y los delitos acreditados
La sentencia se refiere a delitos federales vinculados con delincuencia organizada y con la legislación que regula armas, cargadores y cartuchos reservados para las instituciones armadas. La información disponible no detalla en las notas consultadas el desglose de la pena asignada a cada ilícito ni la fecha exacta en que fue emitido el fallo judicial.
Según la FGR, las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal permitieron acreditar la responsabilidad de Noel “N” en delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El expediente culminó con la condena de 29 años y tres meses, una precisión relevante frente a los titulares que resumieron la pena como “29 años”.
Los reportes identifican a Salgueiro como fundador y líder de “Gente Nueva”, una facción que, de acuerdo con las autoridades federales, operaba en Chihuahua para una organización criminal vinculada con el Cártel de Sinaloa. La Jornada señaló que, en su momento, las autoridades lo ubicaron como lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera. Esas referencias corresponden a la caracterización institucional del caso; la sentencia reportada se sustenta específicamente en los delitos federales acreditados por la fiscalía.
Detención en 2011, extradición y retorno a México
El proceso que derivó en la sentencia tuvo antecedentes de más de una década. Conforme a la información difundida por la FGR, Salgueiro fue detenido en octubre de 2011 por elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional mientras circulaba de madrugada por la carretera federal Los Mochis-Culiacán, en Sinaloa.
Las autoridades informaron que en la camioneta en la que viajaba localizaron un arma larga, un arma corta y cargadores. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que inició la investigación y ejerció acción penal por los delitos que finalmente fueron materia de la condena.
En diciembre de 2019 fue entregado en extradición a Estados Unidos. Sin embargo, en mayo de 2021 la FGR obtuvo una orden de reaprehensión en México. Esa orden se cumplimentó hasta junio de 2026, cuando la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) coordinó su deportación controlada al país, según la versión de la fiscalía reproducida por El Diario de Juárez y Juárez Hoy.
Tras su llegada a territorio mexicano, Salgueiro fue detenido en la línea fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, y presentado ante la autoridad jurisdiccional. A partir de ese momento se reanudó el procedimiento que concluyó con la sentencia dada a conocer este 13 de septiembre.
El alcance de la resolución
La condena representa el desenlace judicial en México de un expediente que atravesó una captura, una extradición y una reaprehensión posterior. También confirma que, aun después de una entrega internacional, las autoridades mexicanas pueden continuar o reactivar procedimientos penales por hechos investigados en el país, siempre que existan mandamientos judiciales y procesos pendientes.
La información pública revisada atribuye a la FGR la integración del caso y la obtención de la sentencia. No se localizaron, en los materiales consultados, datos sobre eventuales recursos de apelación o amparo promovidos contra el fallo, por lo que ese aspecto no puede confirmarse con la información disponible.
La pena se cumplirá en el penal federal del Altiplano, una prisión de alta seguridad ubicada en el Estado de México. La multa impuesta es adicional a la privación de la libertad, de acuerdo con los reportes periodísticos basados en el comunicado de la fiscalía.
El caso vuelve a colocar en el centro la relevancia de las investigaciones federales sobre estructuras criminales con operación regional, así como la coordinación entre autoridades mexicanas e internacionales para ejecutar órdenes judiciales pendientes. La condena, no obstante, corresponde a la responsabilidad penal individual acreditada en este proceso y no determina por sí misma la situación jurídica de otros integrantes o grupos mencionados en los reportes oficiales.
Fuentes consultadas
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