La ampliación del puerto de Manzanillo, considerado el de mayor movimiento de carga en México, ha provocado alarma por el posible deterioro de ecosistemas costeros de alto valor ecológico en Colima. La publicación original de IPS, fechada el 16 de diciembre de 2024, señala que el proyecto portuario se desarrolla en torno a la Laguna de Cuyutlán y a la Laguna del Valle de las Garzas, dos cuerpos de agua con relevancia ambiental y presión creciente por actividades industriales, urbanas y de infraestructura.
De acuerdo con la nota de IPS, la expansión portuaria se concentra en la Laguna de Cuyutlán, un sistema lagunar de cuatro vasos en el que los vasos III y IV están reconocidos desde 2011 como sitio Ramsar, es decir, como humedal de importancia internacional. La referencia no es menor: la propia información citada por IPS describe a la laguna como un espacio que alberga aves acuáticas y migratorias, manglares, peces, tortugas y otras especies que dependen de la estabilidad del humedal para sobrevivir.
La ampliación, además, se ubica en una región donde los riesgos ambientales ya son visibles. IPS detalla que la Laguna del Valle de las Garzas presenta niveles altos de sedimentación y nutrientes, asociados con la pérdida de suelo en la cuenca, descargas de plantas de tratamiento y actividades humanas. El mismo reportaje advierte que la zona portuaria también está expuesta a inundaciones y al aumento del nivel del mar, según proyecciones de la plataforma Climate Central y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo.
Un proyecto de larga data
La iniciativa para ampliar el puerto no surgió en 2024. En un comunicado oficial de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicado años antes, el gobierno federal ya había anunciado la intención de extender el Puerto de Manzanillo hacia la Laguna de Cuyutlán. Ese texto subrayaba que Manzanillo era entonces el líder nacional en carga contenerizada y el tercero en América Latina, y afirmaba que la ampliación se acompañaría de medidas de mitigación ambiental coordinadas con autoridades federales.
La cobertura de IPS añade que el plan fue retomado formalmente en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, para finales de 2024, la administración de Claudia Sheinbaum mantenía la línea de continuidad del proyecto. El reportaje también señala que la expansión se relaciona con una discusión más amplia sobre sostenibilidad portuaria, ya que la Secretaría de Marina impulsa desde 2023 una estrategia de descarbonización del sistema portuario nacional.
Sin embargo, esa estrategia convive con una realidad compleja. IPS observó que, pese a los compromisos de reducción de emisiones, el puerto de Manzanillo y otras instalaciones del país siguen dependiendo de obras y operaciones con impacto ambiental relevante. La misma nota menciona que la estrategia federal contempla metas de reducción de emisiones para 2030 y 2050, pero no ofrece mecanismos suficientemente específicos para resolver el conflicto entre expansión de infraestructura y protección de humedales.
La discusión ambiental
El núcleo del problema, según la información disponible, es la incompatibilidad entre dos objetivos que chocan entre sí: ampliar la capacidad logística del puerto y preservar un ecosistema costero altamente sensible. IPS cita antecedentes de la propia Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que habría advertido que la expansión podría alterar hábitats clave para aves y modificar los niveles y la circulación del agua en la laguna.
La relevancia ambiental del área también aparece en documentos de instituciones públicas consultados para esta nota. Conabio ha descrito la Laguna de Cuyutlán como una región marina e hidrológica prioritaria, mientras que un informe de esa institución identifica a los vasos III y IV como humedales de importancia internacional. En paralelo, la Secretaría de Marina reconoció en informes de labores que impulsa un proyecto de descarbonización portuaria y que ha presentado avances en Manzanillo, aunque eso no resuelve por sí solo los impactos locales de una ampliación de gran escala.
El gobierno de Colima también ha admitido que el proyecto sigue en pie. En una comunicación oficial de 2024, la administración estatal informó que la Asipona de Manzanillo se desistió de una solicitud de evaluación y autorización de impacto ambiental, pero aclaró que eso no significaba un cambio en la intención federal de realizar la ampliación, sino la búsqueda de una evaluación ambiental integral. Ese matiz confirma que el expediente sigue abierto y que la discusión sobre los permisos ambientales continúa siendo parte central del caso.
Por qué importa
La controversia sobre Manzanillo va más allá de una disputa técnica entre infraestructura y ecología. El puerto es una pieza estratégica del comercio exterior mexicano, y cualquier obra para aumentar su capacidad tendría implicaciones logísticas, económicas y territoriales. Pero al mismo tiempo, la zona donde se plantea la expansión concentra humedales, biodiversidad y servicios ambientales que no pueden sustituirse con facilidad una vez alterados.
La tensión entre ambas prioridades explica por qué el caso ha despertado preocupación de organizaciones ambientales y especialistas. La evidencia consultada apunta a que, en diciembre de 2024, el debate no estaba cerrado: el proyecto seguía en desarrollo, las autoridades federales insistían en su viabilidad, y el costo ambiental potencial seguía en el centro de la discusión pública.
En síntesis, lo que alarma no es solo la magnitud del puerto, sino el lugar donde se quiere ampliar: una zona lagunar frágil, con valor ecológico reconocido a nivel internacional y sometida ya a presiones acumuladas por la urbanización, la actividad industrial y el cambio climático.
Fuentes consultadas
- IPS Agencia de Noticias
- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- CONANP
- Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
Imagen ilustrativa. Foto de Juan Moccagatta en Pexels.
